2370. Caso ERE

Hoy hablamos episodio 2370, caso R. Bienvenido a Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Tenemos más de 2.000 episodios en nuestro catálogo y publicamos un episodio del podcast Premium cada viernes. Este contenido está disponible solo para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com.

Hola oyente, ¿cómo estás? Llegamos al episodio final de nuestro tema del mes, en el que hemos hecho un repaso por algunos de los casos de corrupción más conocidos de nuestro país.

Y terminamos con un caso que implicó a los más altos cargos políticos de una comunidad autónoma y que contribuyó a poner fin a 37 años seguidos de un mismo partido en el poder. Hoy hablamos del caso ERE.

¿A que jamás pensarías que unas ayudas públicas destinadas a personas que han perdido su trabajo y a empresas en crisis pudieran acabar convertidas en un sistema de corrupción? Pues hoy veremos que sí es posible y que sucedió en nuestro país.

Así que, como último caso de corrupción de nuestro tema del mes, vamos a hablar del llamado caso R. Quizá lo primero que tenemos que hacer para que todos podamos entender bien este caso es explicar qué es un R.

Un R es un expediente de regulación de empleo. Es cuando una empresa necesita reducir su plantilla, su número de trabajadores o modificar las condiciones de trabajo de muchos empleados. Vamos, un despido colectivo de toda la vida, pero que solo se puede hacer por causas justificadas.

Una vez dicho esto, la siguiente pregunta es ¿qué tiene que ver esto con un caso de corrupción? Bueno, se le llama así porque el entramado corrupto que vamos a ver hoy se formó sobre el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía para trabajadores afectados por un ERE y para empresas en crisis entre los años 2000 y 2011.

Y ojo, porque estamos hablando del reparto de más de 680 millones de euros de manera regular a empresas, trabajadores e intermediarios, que en muchos casos, y según las investigaciones, tenían buena reacción con el partido que gobernaba entonces, el PSOE.

Antes de seguir con el caso, y como ya ha salido el nombre del PSOE, déjame que te sitúe un poco en el contexto político que había en ese momento en Andalucía, que es la comunidad autónoma donde se produce este caso.

Hoy en día en Andalucía gobierna Juanma Moreno Bonilla, que es del PP. Llegó a la presidencia por primera vez en enero de 2019, tras las elecciones de diciembre de 2018.

Y justo durante ese año 2018 se estaba celebrando el juicio de este caso. Así que el tema estaba muy presente. Hasta ese aumento, Andalucía era uno de los grandes feudos del PSOE, es decir, uno de esos lugares donde un partido gana siempre. Es más, el PSOE había agornado Andalucía desde las primeras elecciones autonómicas de la democracia, en 1982, o sea que estuvo 37 años seguidos en el poder.

Muchos analistas consideran que este caso fue una de las razones por las que el PSOE perdió el enorme poder que tenía Andalucía, aunque seguramente hubo también otros factores.

Dicho esto, vamos con el caso en sí. ¿Cómo funcionaba este entramado corrupto? Hasta el año 2000, el sistema para conceder ayudas a trabajadores y a empresas en crisis en Andalucía funcionaba perfectamente, todo era legal y estaba bien regulado.

La cuestión es que, a partir de ese año, siendo presidente de la Junta el socialista Manuel Chávez, se hacen una serie de modificaciones en la manera de concederlas. Y con estas modificaciones, las subvenciones se podían conceder sin pasar por ningún tipo de control. Explicado de manera muy sencilla, el dinero de las subvenciones pasó de ser gestionado por la Consejería de Empleo a ser gestionado por el Instituto de Fomento de Andalucía.

que era un organismo público y era este instituto el que hacía los pagos sin ningún tipo de control. Y como no había control, las ayudas podían destinarse a cualquier persona o empresa.

Y según la sentencia, muchas veces el dinero se lo dieron a personas afines o a personas de las que sacaban algún beneficio. La sentencia lo explica muy claramente. La Consejería de Empleo disponía de estos fondos públicos sin seguir ningún tipo de procedimiento, sin el control de la intervención, que es el órgano que vigila las cuentas públicas, sin exigir ninguna prueba de que la persona tuviera el derecho a la ayuda y sin que nadie tuviera que justificar en qué se había gastado el dinero.

Hubo diferentes formas de malversación. Una de ellas era meter en la lista de prejubilados de una empresa a personas que jamás habían trabajado allí. La Junta de Andalucía daba ayudas a las empresas para pagar estas prejubilaciones y cuando hacía los pagos a los trabajadores, el organismo público incluía personas que no eran las beneficiarias. Estas personas cobraban durante años un dinero que no les correspondía.

Te doy un ejemplo real. La madre del chofer de Javier Guerrero, el director general de trabajo. Esta señora ya estaba jubilada y nunca había pisado la empresa que hizo LERE, pero apareció en su lista de prejubilados y cobró una prejubilación de 125.000 euros, todo pagado con dinero público.

También recibieron dinero empresas que no estaban presentando ningún ERE. Incluso personas que nunca tuvieron una empresa también recibieron estas ayudas.

Y por último, se pagaron comisiones desorbitadas a intermediarios entre la Junta y los trabajadores, como aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas.

¿Cómo se descubre este caso? En realidad, como hemos visto en otros casos, la investigación de un caso lleva al otro. En este caso concreto, todo empieza a principios 2009 con una grabación. En ella, dos directivos de Merca Sevilla, una empresa pública de la ciudad de Sevilla,

pedían a unos empresarios una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería. La Fiscalía empezó a investigar, el PP presentó una denuncia y el asunto acabó en manos de la jueza. Mientras la jueza investiga el caso Mercasevilla, se da cuenta de que hay cosas que huelen mal y empieza a tirar del hilo.

Porque resulta que, entre otras muchas cosas, encontró a varias personas que se habían beneficiado de una ayuda por un ERE dentro de la propia Merca Sevilla. El problema, que esas personas jamás habían trabajado en esa empresa y algunos de ellos tenían vínculos con el PSOE.

Eso era muy raro. ¿Y qué pasó? Que cuando se puso a investigar, se dio cuenta de que había muchos más casos como estos en otro serie, personas beneficiarias de ayudas que en realidad nunca habían trabajado en la empresa que recibió la ayuda. Eso fue el principio de todo.

Conforme iba investigando, se iba dando cuenta de que este sistema corrupto apuntaba a los más altos dirigentes de la Junta de Andalucía. Y esto empieza a confirmarse cuando se interroga al exdirector general de trabajo, Javier Guerrero, que habla ante la policía de ese dinero de las ayudas que iba destinado a empresas sin seguir el procedimiento establecido. Aunque luego lo negó, él fue el primero en hablar de este sistema corrupto.

Llegamos al momento del juicio. En total hubo 21 acusados, pero los que más dieron que hablar fueron los altos cargos políticos de la Junta de Andalucía. Y no es para menos, porque en el banquillo de los acusados se sentaron dos expresidentes de la Junta, Manuel Chávez, que huernó entre 1990 y 2009, y José Antonio Griñán, que lo hizo entre 2009 y 2013.

Junto a ellos, varios consejeros, que son algo así como los ministros del gobierno andaluz, y Javier Guerrero, el director general de trabajo, que repartía muchas de esas ayudas. ¿Y qué dijo la sentencia? Pues mira, oyente, la Audiencia Provincial de Sevilla la dictó en noviembre de 2019 y condenó a 19 de los 21 acusados.

La condena más sonada fue la de Griñán, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación, es decir, 15 años sin poder ocupar un cargo público. Chávez fue condenado a 9 años de inhabilitación y otros exaltos cargos recibieron penas de casi 8 años de prisión.

El Tribunal Supremo confirmó estas condenas en 2022. Pensarías que ahí quedó la cosa, pero no. En 2024, el Tribunal Constitucional les dio, en parte, la razón a los condenados. Anuló parte de las condenas porque interpretó de otra manera los delitos, sobre todo la malversación, es decir, el uso indebido del dinero público.

y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias. En la práctica, esto significa condenas más bajas o incluso ninguna condena. Por ejemplo, la pena de cárcel de Griñán quedó anulada y varios de los que estaban en prisión fueron saliendo. Ojo, eso no significa que el constitucional dijera que eran inocentes,

sino que, según su interpretación, parte de lo que hicieron no era delito. Y la cosa sigue. La Audiencia de Sevilla no está de acuerdo y en 2025 llevó sus dudas hasta la justicia europea, que tendrá que decidir si esas condenas más suaves son compatibles con las normas europeas contra la corrupción.

Así que, más de 15 años después, el caso todavía no está cerrado del todo. Y oyente, seguramente te estás preguntando, ¿entonces toda esa corrupción no existió? Sí, sí que existió. Nadie discute que ese dinero se repartió sin control.

Los falsos beneficiarios de las prejubilaciones, las empresas que no hacían nada y recibían ayudas, y las comisiones desorbitadas, todo eso se confirmó.

Lo que discutió el Constitucional es si los políticos de arriba cometieron un delito por crear y aprobar ese sistema o si simplemente tomaron una decisión política muy mala y reprochable éticamente, pero que no es ilegal según nuestras leyes. Pero claro, el juicio a los políticos es sólo una parte del caso. Hay casi 200 juicios más en los que se juzga cada ayuda concreta.

Lo que nos deja claro este caso, como el resto de los casos que hemos visto este mes, es que la corrupción parece ser una tentación que aparece allí donde hay poder y poco control. Por eso es necesario tener sistemas de control y transparencia cuando hay dinero público de por medio. Y es que ya lo dijo el poeta Francisco de Quevedo hace cuatro siglos.

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Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.